A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es de vital importancia recordar que más de mil millones de personas en el mundo viven con discapacidad y aproximadamente 3 millones son peruanos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esta cifra representa el 10,4% de la población nacional.
De esta larga cifra, 48% tiene discapacidad visual; 15.1% tienen dificultades para movilizarse y el 7.6% tiene discapacidad auditiva y son los que normalmente utilizan el lenguaje de señas. Sin embargo, el principal problema de las personas con discapacidad no reside en los porcentajes, su ubicación o su género, sino en la percepción que tiene la sociedad para con ellos.
La discriminación y estigmatización que reciben por parte de las personas, instituciones gubernamentales y privadas, entre otros, son pan de cada día. Y esto no solo deriva en el rechazo, también en problemas económicos, de salud, etc. al no poder acceder a un trabajo digno, escolarización adecuada y participación en la sociedad.
Las personas con discapacidad a menudo están desconectadas, viviendo aisladas y discriminadas pues no son reconocidos como sujetos de derechos por el Estado y distintos organismos gubernamentales. Esta poca o casi nula visibilidad contempla una serie de consecuencias como la pobreza tal como lo menciona el informe de la OMS 2011 “las personas con discapacidad presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad. En promedio, las personas con discapacidad y las familias con un miembro con discapacidad tienen mayores tasas de privaciones -como inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable y salubridad, y acceso deficiente a atención de salud- y poseen menos bienes que las personas y familias sin una discapacidad.”
¿Qué se ha logrado hasta hoy?
Durante de mucho tiempo, el Estado Peruano ha intentado producir políticas que ayuden a las personas con discapacidad. Uno de estos avances es la publicación del Decreto Legislativo 1384, donde se modificó el Código Civil para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos de manera autónoma y en igualdad de condiciones, sin necesidad de un representante.
A pesar de los logros en políticas públicas y prácticas de desarrollo, se debe seguir trabajando para alcanzar la visibilidad de la discapacidad, es decir, garantizar el acceso de las personas con discapacidad a bienes, derechos y servicios, sin discriminar, esto aportará al mundo a un mejor desarrollo social e inclusión social.
La educación inclusiva como herramienta
La mayoría de aulas de nuestro país no imparten una educación inclusiva que trate adecuadamente a niños y niñas con alguna discapacidad. Eduardo León Zamora, profesor e Investigador en Educación, menciona que la educación inclusiva debe ser entendida como aquella que debe eliminar barreras entre los niños para que puedan aprender adecuadamente. Fomentar estas prácticas saludables son el camino seguro para construir una sociedad desarrollada más inclusiva y empática para todos.
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